25/03/2026
Hoy más que nunca vale la pena reflexionar con cabeza fría sobre lo que vimos:
- Si es un “juicio”, debe respetarse el principio de inocencia. Sin embargo, en varios momentos pareció que el fiscal ya estaba condenado antes de terminar el proceso.
- claramente, el fiscal general actuó en su cargo con sesgo y politización, no se puede tapar el sol con un dedo, deja claro que el poder no está al servicio del pueblo.
- La comisión hizo, en su mayoría, preguntas acertadas, pero también abrió espacios de discusión que podrían cuestionar seriamente el debido proceso.
- Las pruebas se basaron principalmente en declaraciones y acciones públicas del fiscal. Aunque muchas fueron incorrectas y no debieron ocurrir, faltó algo clave: respaldo documental sólido.
- El fiscal sabía que este momento podía llegar. Por eso, el argumento de falta de preparación pierde fuerza. Preocupa que alguien que actuó de forma pública y contundente no pueda precisar fechas, procesos o juzgados.
- También es cierto: el fiscal no podía divulgar ciertas pruebas. Señalar directamente a consejeras sin procesos judiciales abiertos puede interpretarse como coerción y una falta al debido proceso que debía defender.
Conclusión:
Un juicio político exige casi perfección. No solo por el caso en sí, sino por el precedente que deja. Lamentablemente, esta figura ha sido utilizada más como herramienta de presión política que como un verdadero mecanismo de justicia.
No estábamos preparados. Nunca se reglamentó adecuadamente este proceso. El Congreso hizo lo posible, pero sin bases sólidas.
Si no cuidamos cómo se hacen estos procesos hoy, mañana pueden volverse en contra de cualquiera.
